El procurador de la República José Augusto Vagos afirmó que las salas de juego que no tuvieran permisos judiciales para funcionar y estuvieran incumpliendo órdenes judiciales serían multadas. La multa por día puede llegar a U$S 23 mil y el total será calculado basándose en el tiempo en que los bingos vienen incumpliendo la norma que prohíbe el funcionamiento de los establecimientos en el Estado. El documento fue concedido dentro de una acción civil del Ministerio Público federal.

Con regulaciones no pertenecientes al Estado, las nuevas salas de juego que están prohibidas en todo el país, abren en Río. La Procuraduría de la República de Río encontró nuevos establecimientos, que alegan tener permisos de la Justicia federal y hasta del Tribunal de Justicia de San Pablo, que por ley no tienen jurisdicción sobre otros Estados. Las investigaciones revelan que los bingos del Estado deben facturar actualmente más de U$S 463 millones por año.

El descubrimiento de las decisiones judiciales fuera del Estado levanta la sospecha de que algunos establecimientos estaban migrando para Río de Janeiro a causa de la represión policial en sus Estados de origen. Desde 2003, cuando la Justicia Federal de Río determinó el cierre de todas las salas en el Estado, el mercado, en vez de disminuir, aumentó. Los bingos, que llegaron a cerrar por cortos períodos, pasaron de 39 a 47.

El Ministerio Público Federal investiga posibles infracciones tributarias y de lavado de dinero de las salas de bingo. “El juego está prohibido. Es contravención penal, de competencia del Ministerio Público estatal”, señaló el procurador federal Luiz Fernando Voss, quien también actúa en investigaciones contra las salas de juego.